La Iniciativa Andino Amazónica para la Prevención de la Biopiratería (www.biopirateria.org) define a la biopiratería como el acceso y aprovechamiento ilegal de los recursos biológicos y sabidurías indígenas relacionadas, para generar conocimientos que después son patentados, sin la participación del país del que son extraídos. El Convenio de Diversidad Biológica es uno de los instrumentos de control para evitar la biopiratería.

EL CONVENIO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA

En su artículo 15 señala claramente que cada Estado tiene derechos absolutos sobre sus recursos biológicos y genéticos, y puede compartirlos con otras naciones interesadas, siempre que exista acuerdo entre las partes. María Elisa Febres, abogada de la ONG ambiental Vitalis, explica: “Antes de 1992, cuando entró en vigencia este convenio, se consideraba que los recursos biológicos eran patrimonio de la humanidad, y que cualquier científico podía tener acceso a estos bienes, sin que el Estado exigiera ninguna solicitud de permiso. Este convenio cambió los paradigmas”. Venezuela cuenta con otros instrumentos legales como la Ley de Gestión de la Diversiindígenas panares, que sirve como antibiótico, antimicótico, anestésico, anticanceroso y más, fue patentado cuatro veces para distintos usos, entre 1932 y 1949. Todos estos casos fueron anteriores al Convenio de Diversidad Biológica. “La biopiratería no es algo nuevo en el país”, afirma Febres. Después de la publicación del convenio, se han conocido otras situaciones de este tipo. Una de ellas, de acuerdo con un documento escrito por María Elisa Febres y César Molina, fue la extracción de plantas endémicas tepuyanas que realizó Gary Strobel, científico de la Universidad de Montana, en 1998 –se patentaron tres microorganismos productores de taxol, una droga efectiva en los tratamientos de cáncer–. SOLUCIONES Solventar el problema de la dad Biológica de Venezuela del año 2008, y la Decisión 391 de la Comunidad Andina de Naciones denominada Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos –publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, en 1996–.

Febres escribió La regulación del acceso a los recursos genéticos de Venezuela, publicado en el 2002, donde se explica el procedimiento para obtener los permisos de acceso.

CASOS VENEZOLANOS

En el país se han presentado varios casos relacionados con la biopiratería –problema común en otros países, sobre todo en los megadiversos–. “Como son bienes que pasan bajo cuerda, no existen estadísticas que puedan reflejar la cantidad de situaciones de biopiratería en el país”, advierte César Molina, ex director de Bioseguridad y Biocomercio del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Sin embargo, una investigación impulsada por la ONG Vitalis demostró algunos casos de procedimientos con recursos biológicos nacionales, que fueron patentados, en su mayoría, por empresas norteamericanas.

De acuerdo con un documento de la ONG, en 1947 se recolectaron muestras de suelo de las que se obtuvo un microorganismo que es efectivo, entre otras cosas, contra la fiebre tifoidea y la fiebre amarilla. El compuesto obtenido se llamó Chloramphenicol, y se consiguieron 95 patentes relacionadas. Otras bacterias extraídas de suelos venezolanos en los años ochenta, sirvieron para producir Tejeramycin, que se utiliza para tratar algunas infecciones. Y el curare, una mezcla preparada por los indígenas panares, que sirve como antibiótico, antimicótico, anestésico, anticanceroso y más, fue patentado cuatro veces para distintos usos, entre 1932 y 1949. Todos estos casos fueron anteriores al Convenio de Diversidad Biológica. “La biopiratería no es algo nuevo en el país”, afirma Febres. Después de la publicación del convenio, se han conocido otras situaciones de este tipo. Una de ellas, de acuerdo con un documento escrito por María Elisa Febres y César Molina, fue la extracción de plantas endémicas tepuyanas que realizó Gary Strobel, científico de la Universidad de Montana, en 1998 –se patentaron tres microorganismos productores de taxol, una droga efectiva en los tratamientos de cáncer–.

SOLUCIONES

Solventar el problema de la biopiratería no es algo sencillo. César Molina explica: “Esto debe resolverse de Cancillería a Cancillería. Las patentes pueden revertirse, pero para eso se requiere una gran inversión de tiempo y dinero. Además, es importante el apoyo del gobierno central y que exista la voluntad política para solucionar este tipo de situaciones”. Aunque eso es lo ideal, en la práctica la situación se torna completamente diferente. “La verdad es que se pueden sacar los recursos del país como se desee. El Ministerio del Poder Popular para el Ambiente perdió la capacidad de vigilancia y control. Son muchas más las cosas que dejan pasar que las que capturan”, advierte Molina, quien otrora trabajó dentro de las oficinas de este ente. Sin embargo, María Elisa Febres se flexibiliza un poco: “El problema radica en las grandes extensiones del territorio. Eso dificulta en gran medida el control. Además, las muestras son prácticamente imperceptibles. De todos modos, es necesario entrenar a la Guardia Nacional y a los operadores turísticos, para que se eviten estos casos. También se debe fomentar el trabajo ético de los científicos”.

*Ariana Guevara Gómez es estudiante de la Escuela de Comunicación Social de la UCV