Las ONG lo han bautizado como the last land grab, la última apropiación de la tierra. En el último año, con la confluencia de las crisis del precio de los alimentos y la financiera, se ha producido una carrera por parte de países ricos y corporaciones multinacionales por hacerse con tierra en estados latinoamericanos, asiáticos y africanos.

Las ONG lo han bautizado como the last land grab, la última apropiación de la tierra. En el último año, con la confluencia de las crisis del precio de los alimentos y la financiera, se ha producido una carrera por parte de países ricos y corporaciones multinacionales por hacerse con tierra en estados latinoamericanos, asiáticos y africanos. Las naciones ricas, para asegurarse reservas de comida. Las corporaciones, para hacer negocio ahora que la Bolsa no rinde. El director general de la FAO, Jacques Diouf, ha alertado de que estas operaciones pueden calificarse de neocoloniales, y las ONG advierten de que los más perjudicados van a ser, como siempre, los más vulnerables -pequeños agricultores, pastores, tribus indígenas-, y cuestionan el impacto medioambiental de roturar nuevas tierras para cultivos intensivos con uso extensivo de pesticidas, herbicidas y abonos.

Ante las presiones, Paraguay ha aprobado una legislación que prohíbe la venta de tierras a extranjeros (después de que un campesino resultara muerto de un disparo de la policía cuando pretendía desalojarlo de la finca comprada por un brasileño para cultivar soja). Otros países suramericanos, como Uruguay, se lo están planteando, y Brasil está en proceso de cambiar su legislación para dotar de mayor transparencia y participación local a las operaciones con activos extranjeros.
Algo une a los países ricos en esta búsqueda de tierra foránea para alimentar a sus habitantes (entre otros, China, India, Japón, Malasia, Corea del Sur, Egipto, Libia y la gran mayoría de los países del golfo Pérsico): crecimiento económico acompañado del demográfico, pero falta de superficie agrícola o de agua. Todos ellos son importadores de comida. Todos se han visto afectados por la crisis de precios de los alimentos. "No tanto por los precios en sí, que pueden permitirse, pero sí por la actitud proteccionista de países productores que han limitado las exportaciones", explica David Hallam, responsable de Política Comercial de la FAO. "Argentina ha puesto controles, Tailandia también. Eso ha asustado a los importadores". De forma comprensible, pretenden asegurarse una reserva regular de alimentos. Más aún, cuando se prevé que, aunque los precios se han reducido relativamente en los últimos cuatro meses, van a continuar altos a medio plazo, y cuando se calcula que para 2050 la producción de alimentos va a tener que doblarse para satisfacer la demanda mundial.
Un informe de la FAO publicado ayer fija en 963 millones el número de personas hambrientas en el mundo a finales de 2007. La cifra, hoy, ya sobrepasará los mil millones, habida cuenta de que sólo en 2007 se crearon 40 millones de nuevos malnutridos, "un incremento tan dramático como rápido", según Diouf y que empeorará con la eclosión de la crisis económica mundial.

Algo une también a los países que venden o alquilan sus tierras, (a bajo precio para los estándares de los ricos): la mayoría son pobres, requieren de inversiones y transferencia tecnológica y necesitan desesperadamente aumentar su producción agrícola. Y disponen de terreno. En teoría.
"Hay que ir con cuidado cuando se habla de tierra disponible o cuando los Gobiernos de países pobres hablan de espacios marginales o abandonados. Y es que la tierra se usa. Tal vez no bajo los parámetros occidentales de propiedad privada, pero se usa: por pastores que alimentan a su ganado de forma estacional, lo que permite la regeneración de la vegetación, por pequeños agricultores de forma comunal, por tribus indígenas sin títulos de propiedad...", explica Michael Taylor, portavoz de International Land Coalition. Es un paraguas de ONG e instituciones -la FAO entre ellas- que promueve el acceso a la tierra y sus recursos para reducir la pobreza y que recuerda que las necesidades de aumentar la producción alimentaria pueden ser cubiertas por los pequeños campesinos ayudados por políticas agrarias e inversiones adecuadas.
Uno de los casos más publicitados ha sido el de una empresa coreana que proyecta alquilar por 100 años la mitad de la tierra cultivable en Madagascar para plantar maíz que importará a Seúl. En la isla, más del 70% de la población vive bajo el umbral de la pobreza y más de medio millón de personas recibe asistencia del Programa Mundial de Alimentos.
Taylor se muestra preocupado por el impacto en el medio ambiente del proyecto de la coreana Daewoo Logistics Corporation, en el suroeste de la isla, "una zona muy árida, pero extremadamente abundante en especies animales y flora". El portavoz de la coalición de ONG apunta asimismo que el proyecto, de consumarse, podría afectar a una tribu nómada de ganaderos, los Sakalava, "que ya son marginados, se les considera no civilizados y han visto su territorio reducido por la llegada de pequeños agricultores. ¿Cómo se les va a compensar?". La publicidad y el escándalo causado por la noticia del proyecto de Daewoo hace dudar de que éste se lleve finalmente a cabo, por la creciente oposición no sólo internacional, sino en la propia Madagascar, donde el acceso a la tierra es un tema muy sensible y donde miles de agricultores ocupan, todavía ilegalmente, fincas que fueron abandonadas por sus propietarios franceses tras la independencia de la isla.
Simon Mitambo, administrador de la ONG African Biodiversity Network, que agrupa a organizaciones conservacionistas y de defensa de las comunidades locales, explica la controversia sobre la compensación. "Lo hemos visto en varios casos en empresas de producción de biodiésel. Compensan con algo de dinero a los agricultores y éstos acaban emigrando a los barrios de chabolas de las grandes ciudades, sin tener nada que hacer", dice Mitambo desde Kenia, que recalca que en muchas ocasiones las empresas no aceptan terrenos bautizados como "marginales", sino que "buscan los más fértiles, con más agua (ocupados por pequeños agricultores), o, simplemente, áreas de bosque que convertir en terrenos fértiles tras desforestarlos. Eso ha pasado en Etiopía, por ejemplo".

Común a todas estas operaciones, la de Daewoo incluida, es su secretismo. ONG e instituciones desconocen la totalidad de hectáreas compradas por foráneos en países pobres y a falta de que se publiquen estudios en curso, sólo pueden hacer estimaciones. De acuerdo con la ONG Grain para la promoción de agricultura sostenible, que ha publicado un estudio al respecto, China, con una población creciente y sin problemas de dinero (pero cuyo proceso de industrialización ha limitado su superficie agrícola y contaminado sus aguas), ha llegado, al menos, a 30 acuerdos de cooperación con Gobiernos asiáticos y africanos que le dan acceso a tierra para el cultivo de arroz, soja, maíz y biocombustibles a cambio de transferencia tecnológica y fondos de desarrollo. Sólo en África, tiene previsto crear 10 centros agrícolas en diversos países, y anima a sus empresas privadas a acudir al extranjero. La situación de los países del Golfo es diferente. En pleno desierto, sin tierra ni agua, son totalmente dependientes de las importaciones y ya tenían tradición, especialmente Qatar y Arabia Saudí, de comprar fincas en países musulmanes como Egipto o Sudán.

"Pero la tendencia va en aumento, son más los países del Golfo interesados, más la cantidad de tierra a comprar, y más los países donde comprar", explica Marie Bos, investigadora del Centro de Investigaciones del Golfo, que apunta que Pakistán y Brasil son dos países en los que se han comprado tierras, y que considera que África está en el punto de mira, "dado que, para muchos, puede ofrecer una solución tanto a corto como a largo plazo para esta crisis". Para Bos, los acuerdos entre los países del Golfo y los africanos, "deben ser mutuamente beneficiosos, asegurar la provisión de alimentos para los primeros y desarrollo de infraestructuras para los segundos de forma que el aumento de producción se destine tanto a la demanda local como a la externa".

De acuerdo con el estudio de Grain, las prácticas de los países del Golfo se suscriben y publicitan bajo esta estrategia de beneficio mutuo. Un provecho que, según David Hallam, debería ser perseguido con mayor insistencia. El responsable de la FAO cree que los países importadores "deberían preguntarse si realmente es necesario adquirir la tierra", dado que considera que hay otras posibilidades, como la formación de empresas conjuntas o la firma de contratos bilaterales equitativos con los países pobres que, "deben, por su parte, asegurarse de que las condiciones del acuerdo son beneficiosas, proporcionan empleo, transferencia tecnológica y se imbrican en la economía local". El experto apunta que la tendencia a comprar en los países pobres no va a declinar, "dado que las condiciones que la han creado no van a desaparecer a corto o medio plazo".

Fincas como inversión
Las firmas de inversión también participan del furor por la tierra. Ante la volatilidad de los mercados, buscan fondos seguros a través de la adquisición de fincas. Muchas están interesadas en comercializar cereales, pero también en la producción de biodiésel, muy controvertido. Si bien es sustituto "ecológico" del petróleo, el cultivo intensivo por grandes empresas, en países pobres y abriendo terrenos ganados a espacios naturales, (o adquiriendo tierras antes cultivadas por pequeños agricultores que pasan a ser jornaleros), tiene el efecto contrario al deseado, de acuerdo con muchas ONG que trabajan sobre el terreno.
Tan sólo en Tanzania, donde el Gobierno facilita tierras, más de media docena de firmas del Reino Unido, Suecia, Holanda, Japón, Canadá y Alemania (esta última con un proyecto para biodiésel de 200.000 hectáreas) han iniciado o iniciarán sus operaciones. Pero no son sólo los biocarburantes los acicates a la presión comercial sobre la tierra. Según Michael Taylor, portavoz de International Land Coalition, los controvertidos créditos de carbono, surgidos a raíz del Protocolo de Kioto, con los que las empresas contaminantes pueden "comprar" su excedente de emisiones a industrias más limpias o sufragar proyectos ecológicos en países pobres, también contribuyen. Desde su instauración, el mercado financiero basado en estos créditos no ha dejado de crecer y mueve más de 2.000 millones de euros anuales.
"Se ha puesto valor comercial a los espacios naturales", explica Taylor, quien considera que el riesgo para los que usan la tierra sin disponer de títulos legales para ello va a incrementarse: pequeños agricultores, pastores nómadas, tribus indígenas.